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Actualizado 4 de abril

El 1 de marzo el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. que se  publicó en el BOE el 5 de marzo, y que entre otras cosas, modifica la normativa sobre alquileres, desde el 6 de marzo (un día después de su publicación en el BOE).

La norma, que ha sido convalidada el 3 de abril de 2019 por la Diputación Permanente (que hace las funciones del Congreso en el periodo pre-electoral) y, por lo tanto, ya es definitiva, recoge el contenido esencial del anterior Real Decreto Ley sobre la Ley de Alquileres de diciembre de 2018, que apenas tuvo un mes de vigencia al no ser convalidado por el Congreso, e  incorpora algunas novedades como la creación, en el plazo de ocho meses, de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, que se vinculará a la subida del IPC.

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Además, estipula que los contratos no inscritos en el Registro de la Propiedad tendrán efectos ante terceros, de forma que cuando haya una venta de un piso arrendado, el inquilino quede protegido.

Principales cambios de la nueva normativa sobre alquileres

  • Aumenta de tres a cinco años el plazo legal mínimo en el que el inquilino podrá permanecer en la vivienda arrendada si el propietario es persona física, o a siete años, si es persona jurídica.
  •  Se amplía la prórroga tácita, si ninguna de las partes dice nada transcurridos los cinco o siete primeros años, de uno a tres años.
  •  Aumenta a dos meses el plazo de preaviso previsto para no renovar el contrato para el inquilino y a cuatro meses para el propietario o arrendador.
  • Favorece el acuerdo entre las partes para realizar mejoras durante la vigencia del contrato, permitiendo en este caso pactado el incremento de la renta durante el resto del contrato.
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización corresponderán al arrendador cuando este sea persona jurídica.
  • Se limitan las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos.

Además, para estimular la oferta, se propone habilitar el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, bonificar en el IBI la vivienda protegida en alquiler y eliminar el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual.

Alquiler turístico

La nueva normativa también modifica  la Ley de Propiedad Horizontal, introduciendo la posibilidad de que, por acuerdo de una mayoría de 3/5, una comunidad de propietarios se pueda limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de alquiler turístico, asignarles incrementos de hasta un 20% en los gastos comunes  o fijar unas determinadas condiciones para su ejercicio.

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El objetivo es que los vecinos tengan opciones para facilitar la convivencia y decidir sobre las actividades que tienen lugar en su comunidad.

Apoyo a los colectivos vulnerables

Además, el Real Decreto-ley mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad a la vez que implementa y agiliza el procedimiento.

También se contempla la posibilidad de blindar la posibilidad de subrogación, en caso de fallecimiento del inquilino, en favor de determinados perfiles vulnerables como menores, discapacitados o mayores de 65 años.

 

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